Las autoridades del INTA solicitaron al Juzgado Federal de San Nicolás Nº 2, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, que se exceptúe al organismo de investigación estatal de la medida cautelar dispuesta en agosto de 2019 que prohíbe las aplicaciones de agrotóxicos a menos de 1.095 metros de la planta urbana, una disposición judicial sin precedentes que recientemente fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario. El requerimiento, que fue autorizado por la Fiscalía, referencia al pasar que en el predio en cuestión de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Pergamino funcionan un jardín de infantes y una escuela de enseñanza universitaria y en ningún momento señala que allí viven familias con niños.
El pedido del Inta, realizado por el director nacional Carlos Alberto Parera, se fundamenta en que gran parte de su propiedad en Pergamino (631 sobre 744 hectáreas) se encuentra alcanzado por la medida cautelar y por lo tanto, desde hace más de un año, no puede aplicar venenos. Sin embargo, esa solicitud consiste en la presentación de un plan de trabajo firmado por el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, que parte de “una falacia conceptual que conlleva a un yerro inexcusable”, según consideró el abogado Fernando Cabaleiro, de la organización proteccionista, Naturaleza de Derechos.
“Insisten en la viabilidad de la coexistencia entre las actividades agropecuarias sustentadas en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y agrotóxicos con un modelo de agricultura tradicional que respete los ciclos naturales y sus prácticas permitan la armonía con la biodiversidad y una relación directa y continua con las manifestaciones biológicas”, explicó.
Bajo esa visión, la vecina Sabrina Ortiz, víctima del alcance de los agrotóxicos y abogada querellante en la causa federal por contaminación de los acuíferos por la que se llegó a la medida cautelar, rechazó la solicitud del Inta Pergamino dado que bajo el manto de investigaciones científicas el organismo pretende obtener una excepción a la medida cautelar en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos. “En realidad, por la extensión y el uso de agrotóxicos son tan peligrosos y contaminantes como los procesos productivos desarrollados en las parcelas de los demás imputados y procesados que motivaron el inicio de la causa judicial”, explicó Ortiz.
Pero ocurre que, tanto para la abogada como para Naturaleza de Derechos, este organismo se caracteriza por ser “un brazo funcional del agronegocio y las grandes empresas productoras de OGM y agrotóxicos” instaladas en la ciudad del norte bonaerense, uno de los extremos del triángulo agrario argentino (que completan Rosario y Venado Tuerto) y donde se concentra uno de los polos semilleros y agroindustriales más grandes de Sudamérica.
Para Cabaleiro, estas empresas se nutren y sirven de los recursos del Estado -a través del Inta- para financiar los ensayos e investigaciones de sus productos que no son nada amigables con el ambiente y la salud humana. “Los procesos investigativos a los que refiere el director del Inta son estudios y prácticas encubiertas de las propias empresas del agronegocio que financian subrepticiamente, para analizar la eficacia de sus cultivos transgénicos y agrotóxicos que ellas mismas fabrican y producen, transformando al predio del Inta en un auténtico espacio productivo del agronegocio cuyo objetivo varió de la investigación y estudios de ensayo a la especulación y el ánimo de lucro con explotaciones de cultivos con destino a la venta”, observó.
“Cabe señalar, porque lo omite Trebino, que los mencionados cultivos de experimentación no son estrictamente tales, se trata también de procesos productivos cuyas resultas luego son comercializadas y gestionadas por una cooperativa del Inta Pergamino y que hacen al motivo central de la presentación”, destaca el escrito expuesto por la querella para oponerse al requerimiento del Inta y añade que las prácticas que implican uso de agrotóxicos están también obligadas a cumplir con la legislación provincial y local.
“Estas se violan arteramente, ya que Trebino oculta deliberada y maliciosamente al borde del tipo penal de la estafa procesal, al no informar al Juzgado que dentro del mismo predio del Inta hay un jardín de infantes donde asisten niños y niñas que acuden diariamente. Se trata de un establecimiento público que en su momento era una guardería para les hijes del plantel de trabajadores y trabajadoras del Inta. También dentro del predio hay un establecimiento educativo de nivel universitario”.
“Por lo tanto mediante este ocultamiento de un dato relevante, Trebino pretende obtener un beneficio procesal en perjuicio de la salud de los menores que acuden al establecimiento”, analizó la querella, que con posterioridad a la presentación, confirmó además que allí viven familias que trabajan para el organismo estatal.
Impacto en el Inta
Para el Inta, los alcances de la decisión cautelar de Villafuerte Ruzo “implica un marcado impacto” en las tareas de investigación y experimentación, con pérdidas económicas, así como discontinuar algunos ensayos. “Estos cambios no previstos tienen consecuencias en cuestiones que hacen al diseño, difusión e implementación de las pautas de manejo sustentable para la región, entre otros motivos, por la interrupción de secuencias de evaluaciones de largo plazo”, señalan los fundamentos del organismo de investigación agraria.
Además, aducen que “para el Inta la agenda ambiental es imperativa, razón por la cual uno de nuestros ejes estratégicos es promover en el ámbito del sector agropecuario, una transición hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible y de valoración de los servicios ecosistémicos”.
“Por ello solicitamos que se autorice a continuar las actividades de investigación y producción como parte de las mismas que actualmente se efectúan en el EEA Pergamino, dentro de un programa de investigación que tiene por objetivo desarrollar un modelo productivo ambientalmente sostenible”, indicaron desde el Inta y agregaron que “ello requiere se superficies amplias para medir los rendimientos productivos y experimentar en el uso decreciente de fitosanitarios y fertilizantes inorgánicos para poder estudiar sus efectos en el ambiente (suelo, agua, aire)”.
Daños comprobados
Para los impulsores del reclamo judicial que derivaron en la cautelar, “no se puede permitir que una entidad estatal que debe ser el ejemplo y la que debe orientar sus políticas agrícolas en base al bien común, sea excepcionada de una cautelar, que a su vez representa una probabilidad de daño a niños y niñas que asisten a centros educativos dentro del mismo establecimiento y una afectación a la población por su proximidad a las viviendas familiares. Considerando que a partir de 1.095 metros representa un riesgo de daño genético, tal como lo señaló la investigadora, Delia Aiassa, en su publicación científica y lo asintió la perito de la causa, Virginia Aparicio, citando inclusive un trabajo científico recientemente publicado Francia”.
Además señalaron que “si el Inta quiere sacar lucro de sus investigaciones, que en definitiva es el motivo de su presentación, que lo haga no contaminando el ambiente sino generando modelos de producción revolucionarios de alimentos como lo está haciendo la Unión de Trabajadores de la Tierra de Jáuregui (UTT), Buenos Aires, que en 80 hectáreas sin usar venenos está mostrando que la Argentina tiene un potencial extraordinario para producir alimentos adecuados, sanos y saludables que fortalecen la salud humana y no meros commodities”.
“Démosle a la UTT las hectáreas que el Inta quiere usar para el modelo del agronegocio, y veremos los resultados. Garantizamos que no solo van a duplicar los ingresos que tanto le preocupan, los van a cuadruplicar, al no haber externalidades que provoca el uso de agrotóxicos, que se traducen en daños de alto valor económico”.
El último de los fundamentos presentados por el Inta para justificar su pedido indica que “la producción agrícola representa el 80 por ciento de los recursos administrados por la Asociación Cooperadora de la EEA Pergamino, la cual tiene el único fin de apoyar la gestión operativa y experimental de la unidad”. Para el ciclo agrícola 2019-2020 estimaron una disminución en el ingreso bruto de unos nueve millones de pesos como consecuencia de no haber podido realizar acciones de manejo agronómico concreto “para evitar daños producidos por malezas, plagas y enfermedades en los cultivos implantados en áreas alcanzadas en la resolución cautelar”.
Para los vecinos, si se fijara un baremo a todos los daños que ocasiona el Inta Pergamino “con el uso de agrotóxicos, al contaminar las aguas subterráneas que son la base del consumo de agua potable, el aire que respira la población, las aguas del arroyo contiguo y sus componentes biológicos, al afectar y matar a los polinizadores como las abejas (pérdida de biodiversidad), esos nueve millones que forman parte de su ambición para seguir con un modelo acabado, son nimios ante la cuantiosa suma en concepto de remediación de la cual debería hacerse cargo”.
Los trabajadores se oponen
“Como trabajadores del Inta en áreas de investigación y extensión consideramos que la institución no debe quedar exenta de la normativa dictada y menos aún bajo los argumentos de la sustentabilidad económica y la dificultad para la investigación”, señalaron en una carta enviada ayer al juez Villafuerte Ruzo los empleados de la EEA Pergamino agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado. Mediante el documento pidieron que se evite cualquier resolución que modifique la exclusión de aspersiones ordenada por el juez. Además, rebatieron la posición de los directivos al asegurar que “el Inta cuenta con espacios y predios para investigar más allá de los mencionados en la nota” y que “los ensayos científicos nunca se frenaron porque están fuera del área de restricción”. Mencionaron además que Inta Pergamino también desarrolla ensayos similares a los que indica que debió discontinuar en otras agencias del organismo y en campos de productores.
El punto más contundente de la misiva destaca que “los trabajadores, habitantes del predio Inta Pergamino, estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense; niños y docentes del jardín maternal que funciona en el lugar quedarán expuestos a daño por la aplicación de agrotóxicos ya que se encuentran a una distancia menor a los 1.095 metros”. Aclararon que el jardín se encuentra a 100 metros de la zona productiva.
En el mismo rumbo remarcaron que “la misión institucional del Inta es investigar modelos productivos e innovadores que, en este caso, eviten deteriorar el ambiente y la salud pública”.
“En casos similares como Inta Oliveros o Inta Marcos Juárez la misma institución desarrolló modelos de producción, módulos de investigación adaptativa e incluso fue promotor de ordenanzas y modelos de gobernanza que pusieron en primer lugar el desarrollo comunitario, la salud y el ambiente por sobre intereses particulares”, argumentaron y profundizaron: “En otras regiones el Inta lidera la investigación en agroecología”. (Fuente: Luis Emilio Blanco)
